Toluca, México, 4 de febrero de 2009.- Una sociedad democrática como la nuestra, exige no sólo transparencia y rendición de cuentas respecto al uso de recursos públicos, sino también demanda que aquellos que van dirigidos a los sectores más vulnerables se apliquen de manera oportuna, eficiente e informada, expuso el secretario de Desarrollo Social del Estado de México, Ernesto Némer Álvarez. Al firmar el Pacto para la Certeza y Legalidad Institucional de los programas sociales del orden federal y estatal, con el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Norberto Hernández Bautista, y el delegado de la Sedesol en la entidad, Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, Nemer Alvarez, dijo que con este acuerdo se confirma la voluntad de colaboración entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno federal por “contribuir a que las próximas elecciones sean el más genuino acto democrático de la historia electoral, porque estamos convencidos de que nuestro compromiso con el estado de Derecho es la única vía para perfeccionar el actuar de las instituciones públicas que representamos”. Por su parte, Hernández Bautista señaló que frente a un escenario de crisis económica, donde el desempleo y la desigualdad serán temas a superar, “sería vergonzoso, deshonesto y falto de toda ética y ausencia de valores, que alguien usara los programas sociales para hacer proselitismo político, a fin de ganar de forma engañosa un voto”. Enfatizó que este evento refleja un hecho histórico en el estado y en el país, pues con ello se mostrará la confianza de una sociedad democrática. En su intervención, el delegado de la Sedesol en el Estado de México refirió que este blindaje no sólo representa un acto de auténtica voluntad política, sino que forma parte de una convicción “que surge más que como una obligación legal, como una certeza moral y ética de que la transparencia y la rectitud en el propósito, deben ser las premisas de todo gobierno.” Finalmente, Némer Álvarez subrayó que toda acción que abone a la transparencia en el manejo de los recursos frente al proceso electoral, reafirma que los programas sociales no son patrimonio de ningún candidato, ni de partido político alguno.
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