PRISIÓN A QUIEN SOLICITE INDEBIDAMENTE UN PAGO

Con el propósito de proteger la integridad, privacidad, intimidad y salud de las personas que adquieren, a través de una tarjeta bancaria o cualquier otro medio un crédito; las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron sancionar, con hasta tres años de prisión, a quien por medio de la violencia, amenaza, hostigamiento o intimidación, solicite a otro el pago de una deuda fuera de los procedimientos establecidos en la ley. Además, en reunión separada de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, aprobaron que a más tardar el 15 de noviembre, la Comisión de Vigilancia dictamine el resultado de los informes de las Cuentas Públicas del Estado y de los Municipios. La iniciativa del diputado Antonio García Mendoza (PSD) que adiciona un Capítulo X "Solicitud Indebida de Pago" y el artículo 268 ter del Código Penal del Estado de México, establece que se aplicará una pena de seis meses a tres años de prisión y de 180 a 360 días multa, a quien solicite a otro el pago de una deuda o supuesta deuda, fuera de los procedimientos establecidos en la ley. El resolutivo menciona que en nuestro país existe un promedio aproximado de 16 millones de personas que poseen tarjetas de crédito, por lo cual destinan más de 30 por ciento de sus ingresos para poder cubrir las deudas, teniendo como objetivo fallido la disminución de saldo por la insolvencia y las tasas de interés, de ahí la trascendencia de esta propuesta. Durante el desarrollo de la reunión de Comisiones Unidas, presidida por el legislador Francisco Javier Veladiz Meza (PRD), los legisladores: Víctor Manuel Bautista López (PRD); Antonio García Mendoza (PSD); Horacio Jiménez López (Convergencia); Luis Antonio González Roldan (Nueva Alianza); y Félix Adrian Fuentes Villalobos (Verde Ecologista), coincidieron que se trata de una iniciativa producto de la demanda ciudadana, que protege y da tranquilidad a miles de mexicanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ante despachos jurídicos que de forma ilícita solicitan el pago de una deuda contratada. El dictamen presentado indica que las prácticas de cobranza tienen que ver con múltiples llamadas durante la madrugada, escritos en tono amenazador, visitas domiciliarias, y métodos que implican la compra de bases de datos para hostigar a los familiares cercanos, vulnerando la estabilidad familiar, privacidad, además de conllevar a problemas de salud. La propuesta que será avalada por el pleno de la LVII Legislatura en el IV Periodo Extraordinario, además reforma la denominación del subtítulo tercero del Libro Segundo "delitos contra la libertad, seguridad y tranquilidad de las personas". En otro asunto, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización presidida por el diputado José Sergio Manzur Quiroga (PAN), aprobaron la propuesta del legislador Constanzo de la Vega Membrillo (PRD), que plantea que la Comisión de Vigilancia dictamine a más tardar el 15 de noviembre los informes de resultados presentados por el OSFEM respecto a las Cuentas Públicas. De acuerdo a los dictaminadores, la propuesta que adiciona un párrafo segundo al Artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo tiene el objetivo de generar mayor confianza en los resultados que entrega el gobierno.