20/8/09

Recomendación General 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad

Al presentar a la opinión pública su Recomendación General 17 sobre los casos de agresiones a periodistas y la impunidad prevaleciente en perjuicio de este grupo vulnerable, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó a las autoridades federales, estatales y municipales la urgente necesidad de emprender una lucha decidida, frontal y permanente contra delitos sin castigo, con el fin de que se resuelvan conforme a derecho las indagatorias procedentes para el esclarecimiento de los homicidios, desapariciones forzadas, atentados con explosivos, amenazas, así como todos los agravios cometidos en contra de periodistas y medios de comunicación. En conferencia de prensa, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, exhortó a las autoridades a resolver, identificar y castigar a los responsables de los homicidios de periodistas, así como investigar y conocer el paradero de los comunicadores desaparecidos. Ante representantes de los medios de comunicación y de asociaciones de periodistas –Academia Nacional de Periodismo, de Radio y Televisión; Federación Latinoamericana de Periodistas; Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos; Club Primera Plana; Fundación Prensa y Democracia; Artículo 19; Asociación de Editores de los Estados; Reporteros Sin Fronteras; Fundación para la Libertad de Expresión; Fundación Manuel Buendía; Fundación Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo; Centro Nacional de Comunicación Social; Centro de Periodismo y Ética Pública; Sociedad Interamericana de Prensa y Asociación Mundial de Radios Comunitarias— Soberanes Fernández destacó que “resulta claro que aun cuando las agresiones a periodistas no provengan de servidores públicos sino de particulares, el Estado mexicano no queda exento de su obligación de investigar de manera exhaustiva el origen de tales agravios, como ha reconocido en su jurisprudencia la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Acompañado por el Quinto Visitador General, Mauricio Farah Gebara, y del diputado Gerardo Priego, presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, Soberanes Fernández dio a conocer que la Recomendación General 17, dirigida a las y los gobernadores de los estados, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a los procuradores generales de la República y de Justicia Militar, contiene siete puntos recomendatorios sustantivos en que se les solicita: 1) terminar con la impunidad; 2) lograr la protección del ejercicio periodístico; 3) una actuación eficaz de las autoridades procuradoras de justicia; 4) sancionar a las autoridades que actúen con dolo o negligencia; 5) garantizar la seguridad de los periodistas que cubren situaciones de riesgo; 6) hacer efectivo el derecho de las víctimas a la reparación del daño; y 7) revisar la competencia de las diversas autoridades y sus mecanismos de rendición de cuentas. Subrayó que estos puntos son un llamado de la CNDH a las autoridades para que asuman a plenitud su responsabilidad de respetar y hacer respetar el derecho a la libertad de expresión, pues el Estado no sólo está obligado a respetarla sino a garantizar su ejercicio. “No hay argumento válido para justificar la inacción en la procuración de justicia. México debe erradicar la impunidad de quienes atentan contra la libertad de expresión. Lograrlo no sólo desalentará la comisión de delitos en contra de los periodistas, sino que abrirá espacios para la construcción de una sociedad mejor informada y, por lo tanto, más libre, participativa y democrática”, agregó. Tras señalar que el compromiso de la CNDH respecto de la libertad de expresión es investigar los casos de su competencia, denunciar lo que ocurre y demandar de las autoridades el cumplimiento de su responsabilidad, precisó que “seguiremos proponiendo vías y acciones eficaces para la transformación estructural de los factores que hacen del periodismo una actividad de alto riesgo, y promoviendo cambios legislativos que hagan posible un marco legal para la eficiente prevención, protección y defensa de los derechos humanos de los periodistas”. Previamente Soberanes Fernández subrayó el aumento en la frecuencia y la gravedad de las amenazas y las agresiones directas contra periodistas y medios de comunicación, hasta convertirlos en destinatarios de actos violentos en mucho mayor medida que en ningún otro momento de la historia reciente. “Sabemos, explicó, que las agresiones en contra de los informadores o sus empresas se cometen para inhibir la divulgación de hechos que conciernen al interés público o para tomar venganza de quienes difundieron alguna información que revela o devela las acciones de la criminalidad. Además de las consecuencias directas que tienen las agresiones de esta naturaleza, todas ellas constituyen mensajes y amagos a la seguridad del resto de los profesionales de la información, a quienes se busca amedrentar para que no ejerzan la libertad de informar”. Detalló que los agravios más frecuentes contra los periodistas son: amenazas, intimidación, trato cruel o degradante, detención arbitraria, incumplimiento de la función pública de procurar justicia, negativa al derecho de petición y robo, así como en menor medida se registra la imputación indebida de hechos, empleo arbitrario de la fuerza pública, cateos y visitas domiciliarias ilegales, retención ilegal y hostigamiento. Reveló que del año 2000 a la fecha se tienen registrados 65 casos, de los que 52 son homicidios, 7 desapariciones de periodistas y 6 ataques con explosivos a instalaciones de periódicos. De los 65 casos en 17 (27%) las diferentes procuradurías, federal y estatales, reportaron haber consignado a un juez penal las averiguaciones previas correspondientes y sólo en 8 casos (12%) el juzgado de la causa dictó sentencia condenatoria. Del total de casos, en 48 no se ha resuelto la averiguación previa, es decir, en 7 de cada diez no se concluye la averiguación. “En suma, expresó Soberanes Fernández, la falta de diligencia por parte de las autoridades procuradoras de justicia ha generado, en gran medida, que los agravios contra informadores queden impunes o que no se agoten las líneas de investigación procedentes”. Hizo hincapié en las limitaciones legales y la actuación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos en Contra de Periodistas (FEADP), dependiente de la Procuraduría General de la República, y alertó que sobre todo el cuerpo social está la amenaza de asumir las agresiones contra periodistas como un hecho habitual o que pueda aceptarse como normal. La impunidad persiste en la mayoría de los casos de agravios a periodistas, reiteró, porque nuestros sistemas de procuración de justicia suelen ser crecientemente omisos o ineficaces para realizar su tarea esencial de esclarecer los hechos y consignar a los responsables, lo cual equivale a negar el derecho de acceso a la justicia a las víctimas o a sus familiares.

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