
La nueva Ley plantea, agregó, que existan estas unidades de verificación que se constituirían en organismos de inspección que realizarán su labor a través de la constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas o examen de documentos, para luego otorgar una constancia o dictamen. Refirió que estas unidades de verificación del sector privado tendrán que estar avaladas por la asociación civil que se denomina Entidad Mexicana de Acreditación y cumplir con los requisitos que establezcan las 16 delegaciones políticas para obtener la acreditación ante ellas. También estarán facultadas para emitir un Certificado de Cumplimiento, el cual constataría que los establecimientos mercantiles cumplen con las obligaciones contenidas en la nueva Ley del ramo. "Las unidades verificadoras de autorregulación no sustituirán el trabajo del Gobierno, de las Delegaciones o del Instituto Ciudadano de Verificación, más bien vendrían a realizar una suerte de acompañamiento, de acción preventiva, que permitirá mayor eficiencia en el trabajo de verificación de establecimientos mercantiles y ayudarían a combatir la corrupción", resaltó. Detalló que la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) está plenamente autorizada para expedir el aval a partir de una serie de normas que la propia ley dispone y que tienen que ver con la revisión de documentos e incluso con todos los temas de normas y metrología que existen de manera formal en el país. "Esta instancia sería la encargada de lanzar la convocatoria para que aquellas entidades que quieran constituirse en Unidades de Verificación lo puedan hacer. Las Cámaras de empresarios, los prestadores de servicios y comerciantes están interesados en el tema, pero estas unidades no serían acreditadas por ellos sino por la Entidad Mexicana de Acreditación y por las entidades del Gobierno de la Ciudad", explicó.
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